ONGs criticam sanções do Grupo de Lima ao governo venezuelano
Venezuelan migrants are waiting to be seen by the Federal Police in Boa Vista (RR). (Photo: Leonardo Medeiros / Conectas)
Organizações da sociedade civil manifestaram preocupação em relação às medidas adotadas pela comunidade internacional em resposta à reeleição do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.
A declaração divulgada no dia 21/05 por 14 países que compõem o Grupo de Lima, incluindo o Brasil, afirma não reconhecer a legitimidade das eleições. Na nota, o Grupo anunciou sanções à Venezuela, como a obstrução a empréstimos através de instituições financeiras internacionais e a emissão de alertas contra a realização de transações econômicas com o governo.
Em nota, entidades pediram que, durante a Reunião Regional de Alto Nível sobre migração venezuelana, que deve ser realizada durante o mês de junho, o Grupo discuta sobre melhores práticas de acolhida humanitária a migrantes e refugiados, o respeito aos direitos humanos e as necessidades enfrentadas pela população venezuelana, frente à crise no país.
Veja a seguir a nota na íntegra, em espanhol:
La comunidad internacional no debe adoptar medidas que profundicen el sufrimiento humano de los venezolanos y venezolanas
La elección del 20 de mayo en Venezuela y su cuestionable legitimidad profundiza la crisis en que el país vive, con potencial de agravar su grave situación humanitaria. Como organizaciones dedicadas a promover los derechos humanos, los grupos firmantes expresamos nuestra llamada a la comunidad internacional, y el Grupo de Lima en particular, para que medidas adoptadas en reacción a las elecciones no terminen por profundizar las violaciones de derechos humanos sufridas por venezolanos y venezolanas dentro y fuera de su país natal.
En este sentido, frente a la intención del Grupo de Lima de realizar una reunión regional de alto nivel sobre la migración venezolana a principios de junio, pedimos que esta reunión destaque las mejores prácticas sobre la recepción de migrantes y refugiados, y que estimule a todos los gobiernos participantes a adoptar medidas que respeten los derechos humanos, la dignidad y las necesidades humanitarias de las personas que están huyendo de Venezuela. Al hacerlo, consideramos que es fundamental que dicha reunión involucre a los actores de la sociedad civil que están trabajando para garantizar la protección de estos migrantes en la región, particularmente en los países de la región que son los más afectados por la llegada de los venezolanos.
Sin embargo, en estos esfuerzos hay una tensión implícita. Al mismo tiempo que se presiona por una solución negociada y democrática, la comunidad internacional arriesga adoptar medidas que pueden aumentar aún más el sufrimiento de los venezolanos comunes y empeore la crisis migratoria.
En este sentido, estamos profundamente preocupados por aspectos de la reciente declaración del 21 de mayo emitida por los 14 países del Grupo de Lima, que solicitó la adopción de “medidas en el ámbito económico y financiero” contra el gobierno venezolano. Estas medidas incluyen la obstrucción del acceso del gobierno venezolano a préstamos a través de instituciones financieras internacionales y la emisión de advertencias a la comunidad financiera en contra de la realización de transacciones económicas con el gobierno.
Si bien es cierto que estas medidas propuestas por el Grupo de Lima tienen importantes excepciones, en particular con respecto a la ayuda humanitaria y los acuerdos económicos aprobados por la legítimamente elegida Asamblea Nacional, nos preocupa que pueden contribuir a la profundización de la crisis humanitaria del país. Por ejemplo, las sanciones financieras que ya está implementando el gobierno de los EE.UU. han llevado evidentemente a un exceso de cumplimiento e incertidumbre entre los actores financieros, y transacciones legítimas han sido denegadas. No es moralmente aceptable, o políticamente efectivo, utilizar el sufrimiento humano generalizado como una táctica para ejercer presión sobre el gobierno venezolano, y hacemos un llamado a la comunidad internacional para que garantice que cualquier medida tomada evite profundizar la crisis. Además, instamos a que la eventual imposición de tales medidas sea acompañada de una orientación clara de las condiciones bajo estas sanciones pueden ser levantadas. Sin proporcionar vías claras para el levantamiento de las sanciones, tales medidas corren el riesgo de ser meramente punitivas, y es probable que tengan un impacto mayor para los venezolanos comunes y corrientes, no a funcionarios del gobierno.
Finalmente, solicitamos a los gobiernos del Grupo de Lima que acompañen los mecanismos de presión con mecanismos de comunicación e interacción con las autoridades venezolanas. Si deciden que quieren regresar a un contexto marcado por las normas democráticas, los canales para el diálogo y la negociación deben ser abiertos.
Las siguientes organizaciones son signatarias de esta declaración:
- Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)
- Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL
- Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes – CAREF
- Conectas Direitos Humanos
- Misión Scalabriniana Ecuador
- Pastoral Universitária (Brasil)
- Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos – PROVEA
- Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados Brasil – SJMR
- La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
